Se debate la defensa de la educación inclusiva con miras a superar todas las formas de discriminación

“La incidencia por una educación inclusiva exige la actuación integrada por parte de la sociedad civil en América Latina y el Caribe”, plantean activistas durante diálogo temático en el marco del seminario internacional “Educación emancipadora y garante de derechos”

Por Fabiana Vezzali, de la CLADE, y Patricia Jaramillo, coordinadora regional de REPEM y miembro del Comité Directivo de la CLADE

La mesa temática sobre educación inclusiva promovida en el marco del seminario internacional “Educación emancipadora y garante de derechos”, realizado por la Campaña por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe (CLADE) en Ciudad de México, abordó las profundas brechas de desigualdad presentes en nuestra región y los retos para la incidencia de la sociedad civil en la promoción de cambios en este escenario. Se enfatizó la relevancia de que esta actuación enfoque la superación de las múltiples formas de discriminación en la educación de manera integrada.

Al inicio del conversatorio, se destacó, por ejemplo, que una de cada cuatro adolescentes mujeres que viven en áreas rurales y en situación de pobreza no asiste a la escuela. Asimismo, en promedio, las adolescentes acceden menos a las escuelas que los adolescentes varones en la misma situación.

Datos de Unicef señalan que 2,8 millones de adolescentes en edad de cursar el primer ciclo de la secundaria se encuentran fuera de la escuela en América Latina y el Caribe, y 6,4 millones están en la educación secundaria baja en riesgo grave de abandonarla.

Además, en el 2016, el estudio “Si no entiendes, ¿cómo puedes aprender?”, producido por la Unesco, apuntó que el 40% de la población mundial no tiene acceso a la educación en una lengua que entienda. Frente a estos rasgos de desigualdad en la región, las y los participantes señalaron la necesidad de ampliar el diálogo con la ciudadanía y defender la educación inclusiva en la valoración y el respeto a la diversidad.

En la ocasión, el antropólogo mexicano Jaime Martínez Luna instó el grupo a reflexionar sobre algunos conceptos del debate acerca del derecho a la educación y la oportunidad que las sociedades latinoamericanas tienen de atribuir nuevos significados a ellos según sus propias perspectivas. “Esta reflexión se debe trabajar frente al poder, propiedad privada y al mercado, que son conceptos heredados del razonamiento colonial. La interculturalidad es un concepto que parte de la idea de poder y pierde de vista el territorio. En Oaxaca, estamos resignificando estos conceptos con el término "comunalidad", que representa la experiencia de los pueblos indígenas, desde el respeto y la reciprocidad. Decimos: conoce el suelo que pisas, la gente que pisa ese suelo, lo que hace la gente que pisa ese suelo, lo que logra la gente que pisa ese suelo. Hay que trabajar desde la gente, el trabajo, el territorio y la fiesta, que son elementos fundamentales de la vida”.

A su vez, Roberto Baeza, representante de la Fundación Arcoíris, organización que integra a la ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association), señaló que el movimiento LGBTI ha cuestionado qué significa realmente hacer parte del sistema educativo. “¿Quién incluye quién? ¿Por qué a la diversidad sexual tratan de incluirla en el sistema patriarcal y heteronormativo? Lo mismo pasa con las mujeres en la región. Sin embargo, queremos plantear que la educación inclusiva sea una educación integral y con perspectiva de derechos humanos”, afirmó.

Para Baeza, la discriminación y violencia estructurales en el sistema educativo obligan a la población LGBTI a abandonar la escuela o a convivir con estas violaciones de derechos, lo que refuerza la urgencia en incidir por la presencia de los temas de género en la agenda pública con miras a superar esta situación. “Hay una deuda en lo que toca a incorporar a las mujeres lesbianas y trans en el debate sobre la igualdad de género en el sistema educativo, cerrando estas brechas de desigualdad, una vez que ellas son las más afectadas por la exclusión”, añade.

El tema de la discriminación contra las personas con discapacidad fue señalado por Rosbita Aguilar Céspedes, de la organización Light for the World. “La población con discapacidad es la más vulnerable entre los grupos marginalizados, lo que se hace más fuerte cuando hay condiciones de pobreza, dijo”. Rosbita también enfatizó que la promoción de la educación para las personas con discapacidad exige políticas serias de formación docente, además de superar el miedo y desconocimiento de las familias sobre la presencia de las y los estudiantes con discapacidad en las escuelas del sistema regular. “Hay algo más profundo sobre los derechos de las personas con discapacidad porque muchas veces pedagógicamente ellas no son incluidas y los docentes no saben cómo enseñarles.”

Asimismo, se recordó la pertinencia de incluir en este debate el tema de la educación para los y las migrantes y la educación para la paz, así como la defensa del Estado laico.

Por fin, en el debate se planteó que la lucha por una educación realmente inclusiva exige que la sociedad civil actúe de forma conjunta y articule las reivindicaciones contra todas las formas de discriminación, rechazando falsas jerarquías que ponen en riesgo los derechos de distintos grupos tradicionalmente excluidos. El reto es fortalecer la lucha por una educación inclusiva y laica con enfoque en derechos humanos.